Lo que hay que disputar (y comenzar a decir)

Por Valerie Tarazona Kong

El conflicto con la Iglesia ha sacado lo mejor y lo peor de muchos y muchas de nosotras. En mi caso, hace que mucho de mi identidad se remueva, agite y revolucione: es una cuestión política pero también algo personal pues mucho de lo que ahora soy se ve cuestionado, y mucho de lo que varios creemos está en juego. Es una disputa a muchos niveles, y creo que ahora es necesario entenderlo como eso: un conflicto, una lucha, suma cero en términos economicistas. Con este artículo no pretendo remitirme a verdad alguna, ni pretendo representar la postura de los y las estudiantes de la PUCP; lo que sí, busco disputar -sí, de nuevo- sentidos comunes respecto a lo que esta situación implica para la comunidad a la que pertenezco en especial desde lxs estudiantes. Es una lectura particular, pero no por ello singular o aislada; sé que muchos piensan como yo, o al menos de forma similar o -por decir lo menos- compatible. Y es, finalmente, la reafirmación de una postura ética, la manifestación de aquello que defiendo y me motiva a seguir sintiéndome parte de lo que actualmente es la PUCP.

Dado que esto es una disputa, a mi juicio, resulta necesario superar algunas ideas que considero bastante ingenuas en torno a todo este asunto con la Iglesia. En primer lugar que el cuco es (solamente) el Cardenal -vade retro- Cipriani. Ambicioso, autoritario, inmoral; muchos han sido los adjetivos que buscaron (y aún buscan) describir su actitud infame para con los derechos humanos y temas de naturaleza social, y por lo tanto, política. Sin embargo, su insistencia en que nuestra universidad no cumple con los requisitos para poder ser considerara pontificia y católica trascendió, demostrando que existen cuestiones de fondo que no se limitan a la personalidad poco (o nada) tolerante que exhiben el titular del Arzobispado de Lima y muchos de sus prelados[1] o a su ensañamiento legal con la herencia de José de la Riva Agüero. El ultimátum que envió la Iglesia hace ya casi dos meses evidenció, además, que esto no se trata de un espacio de diálogo puro y cristalino; no señores, no nos encontramos en ese sueño que nos pintan los manuales de negociación de la Defensoría del Pueblo o muchos textos de teoría política: no estamos en igualdad de condiciones ni manejamos (y eso está muy bien) lenguajes totalmente compartidos, no nos encontramos en un espacio idealmente democrático. Gracias a que estudio Ciencia Política, y que busco hacer política también, puedo afirmar que la democracia no es solo eso que nos pintan de color rosa (o blanquirrojo). Así, en segundo lugar debemos reconocer que la democracia no es solo consenso, es también conflicto; es disputa -otra vez-, es construcción de hegemonías. Y una de ellas es el sentido político que mi amigo Jorge Vela expone sustancialmente en ese artículo que me animó a ordenar las ideas que expongo aquí: sí, hay una democracia que busca defendernos a todos y todas de esos entes que pueden manifestarse de formas esencialmente totalizantes (el Estado, la Iglesia, la empresa). ¿Pero es esa la hegemonía que debemos construir?

En principio, ¿debemos construir hegemonías, disputar ideas? Considero que últimamente mucha de la discusión interna en los espacios de representación estudiantil ha llegado a un punto muerto debido a que no se ha sabido reconocer el trasfondo político de todo esto, enfocando el análisis del impasse a todo lo relacionado con el ámbito legal, reduciendo argumentos a lo instrumentalmente necesario para dar fin al suplicio jurídico que implica enfrentarse a la institución más antigua y poderosa de todos los tiempos en los tribunales ordinarios. Sí, eso está bien, la mirada pragmática-realista es útil para ponderar parte del impacto del conflicto en cuestión; pero no es lo único ni lo más importante que se debería discutir. ¿Por qué no se están pensando mecanismos y estrategias de difusión políticamente amigables y no solo de enfoque publicitario que empiecen a convencer al resto del estudiantado que es vital involucrarse en este asunto? ¿Nos da miedo encontrar una mayoritaria pared de actitud apolíticay pecar de antidemocráticosal no tomar en cuenta una posición cuando ni nos hemos preocupado por conocerla a profundidad? De ser así, sería éticamente inaceptable, y no solo por las razones que expone el compañero Vela [la no defensa de la democracia liberal] sino porque constituye una falta hacia nuestro sentido de identidad, de pertenencia a una comunidad cuya existencia como actualmente la conocemos depende de reglas posicionadas en términos simbólicos y de discurso: que nos califiquen de caviaresno es algo gratuito compañero o compañera estudiante. ¿O es que acaso preferimos mantenernos en la inercia de la autorreferencialidad a costa de las reglas que hemos establecido como propias: democracia entendida como pluralidad y autonomía como autogobierno?

A mi parecer, la hegemonía que deberíamos comenzar a asumir como estudiantes es la reafirmación del sentido de universidad: una comunidad que genera conocimiento libre, que puede permitirse cuestionar la realidad sin ataduras de ningún tipo tanto para la colectividad que su Asamblea busca representar, como para cada uno de las y los individuos que la conforman. Y si, ante la aparente derrota[2] de una visión progresista y plural del catolicismo, lo anterior implica dejar de lado la totalidad de nuestra identidad católica, pues hagámoslo: empecemos a reconocer no solo los contras de renunciar a ella, sino también los pros. Convenzamos al resto de la necesidad de sentar una postura, de involucrarse; no tomemos las decisiones por otros u otras, busquemos involucrarlas en aquello que definirá su futuro como miembros de un cuerpo que, en la práctica, es identificado con ciertos valores que no deben dejarse de lado en una sociedad como la nuestra. El silencio y la escasez de debate público entre estudiantes, en una coyuntura como esta, no puede hacer más que jugar en nuestra contra, infantilizándonos aún más hacia afuera y hacia dentro[3]; reproduciendo el discurso que varios sabemos tienen las autoridades sobre el movimiento estudiantil.


[1] Uno de ellos es Monseñor Javier del Río, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, quien da declaraciones fuertemente intolerantes en una carta recientemente publicada por la FEPUC.

[2] Mi compañera Katty Sarmiento ha plasmado algunas reflexiones al respecto en un artículo donde se pregunta si la imagen que proyectan las autoridades de estar dirigiendo una universidad perfecta es realmente espontánea o resulta producto de una disputa respecto a lo que la identidad PUCP significa para diversos actores.

[3] Este tema es uno que ha ido rondando por mi cabeza hace mucho tiempo desde que la MD FEPUC 2012 empezó a asumir un mayor liderazgo mediático que su predecesora. Espero pueda darle forma de artículo a mis reflexiones pronto :)

PUCP: ¿La maravilla creada por Dios?

Por Katherine Sarmiento

El 28 de febrero de este año, la universidad dio inicio a su campaña institucional “Somos PUCP, seámoslo siempre”. Expresión de esta fue el conjunto de paneles colocados a las afueras del campus con el nombre de campaña en diversos diseños, así también lo fue la diversidad de virales audiovisuales que nos recordaban nuestra pertenencia a esta prestigiosa universidad, cuna de conocimiento, ingenio, creatividad y un montón de palabras bonitas. Llama la atención el gran de afán de esta campaña por consolidar la construcción de una identidad en torno a la institución universitaria. Es cierto que como estudiantes, profesores y trabajadores, somos parte de esta casa de estudios, constituimos una comunidad, nos desenvolvemos dentro de ella día a día. No me opongo a la idea, es más, creo que nunca deberíamos dejar de tenerla en cuenta. No solo cuando se trata de defender la autonomía.

Sin embargo, a la par que esta campaña recoge dicho sentir, también tiene un tufillo al típico discurso de pintarnos la “universidad perfecta”. Esa donde conviven todas las posturas teóricas, ideológicas, políticas, donde se genera conocimiento 100% libre y crítico, donde los profesores dictan en absoluta libertad de cátedra y donde se puede hablar de todos los temas habidos y por haber. Y hay que resaltar que esta campaña no es la primera (ni supongo que la última) en pintar este mundo de amor, paz y felicidad. Basta recordar las palabras del rector Marcial Rubio en su masiva charla en el polideportivo realizada en agosto del año pasado:

“Trabajemos bien, seamos una universidad hoy mejor que ayer y mantengamos presente que nuestra principal tarea es servir al Perú, al catolicismo y a la verdad. Sigamos haciéndolo, dentro de un espíritu de universidad que se inspira en valores católicos, pero que a la vez es plural. No nos asustemos. Vamos a defender la Universidad porque creemos en ella.”[1]

Mientras tanto, del lado de la Iglesia, los voceros salen a decir que somos propiedad de la institución eclesiástica, como si todo fuera una pelea de niños por la propiedad del juguete más bonito. Todo esto me lleva a cuestionarme algo: ¿qué hay detrás de este discurso? ¿Qué tan inocente es la estrategia de pintarnos como una universidad perfecta?

La comunidad PUCP es una construcción colectiva. Esto podría sonar mucho a “todos la construimos” y, sí, digamos que esa debería ser la idea: “Somos lo que somos, porque así lo hemos querido y no porque así nos haya fundado la Iglesia Católica”[2]. No obstante, surge la pregunta de si es que esta construcción realmente se da a la perfección en la práctica. La verdad es que sería iluso pensar que lo que ahora es la universidad es producto de la articulación de todos y cada uno de los aportes de los estudiantes, profesores, trabajadores y graduados. En la PUCP, existen posiciones divergentes y ¡qué bien!, pues así cabe la posibilidad de un diálogo entre diversas posturas. Sin embargo, hay algo más allá de eso. Dichas posiciones también entran en constante disputa por posicionarse como discurso oficial. Nuestro espíritu plural conlleva a que se encuentren y dialoguen, pero no podemos asumir que de ese diálogo, surge un discurso oficial que recoge los aportes de todas las partes en absoluta equidad de condiciones.

Lo que actualmente entendemos como PUCP obedece a este fenómeno, a constantes disputas donde finalmente uno que otro discurso se ha ido posicionando mejor en las instancias de gobierno y representación, desde donde ha buscado difundirse como “perfecto”. Y digo que en las instancias de gobierno, porque considero que aún no hemos logrado construir un movimiento de estudiantes, profesores y trabajadores, plenamente informado y organizado, que les haga presión, que consolide poder desde abajo, logrando que el gobierno de la universidad recaiga sobre lo que quiere la comunidad.

La siguiente pregunta viene a ser entonces: ¿Qué somos? Y para eso quisiera recurrir al Artículo 1° de nuestro flamante estatuto: “La Pontificia Universidad Católica del Perú es una comunidad de maestros, alumnos y graduados dedicada a los fines esenciales de una institución universitaria católica: formación académica, humana y cristiana; educación profesional; docencia e investigación teológicas con fidelidad al mensaje cristiano revelado y al magisterio de la Iglesia; reflexión continua, a la luz de la fe católica, sobre el creciente tesoro del saber humano al que trata de ofrecer una contribución con las propias investigaciones; estudio de la realidad nacional para alcanzar una sociedad justa y solidaria; y servicio al pueblo de Dios y a la familia humana en su itinerario hacia el objetivo trascendente que da sentido a la vida”.

El mencionado párrafo recoge tres elementos principalmente: espíritu de comunidad, identidad católica y servicio a la sociedad. Y no es solo el primer artículo. Si uno da una hojeada, se da cuenta que dichos elementos están presentes a lo largo de todo el documento. La imagen me recuerda mucho al sector social-cristiano de profesores que -¡oh casualidad! – sigue firme dentro de la composición de la Asamblea Universitaria desde hace ya varios años. Si no es como decano(a) o jefe de departamento, es como representante de profesores. Con sus virtudes,  defectos y limitaciones, es imposible negar que dicho sector se ha posicionado bastante bien.

Tenemos pues una supuesta “maravilla” (como la pintan las actuales autoridades), “creada por Dios” (metáfora latente en el discurso de la Iglesia para justificar el control de la PUCP). Nos dicen que debemos defender nuestra autonomía, asumiendo que la tenemos al 100%. Ciertamente que tener esa idea en la cabeza nos limita a seguir creciendo, avanzando en el camino hacia una universidad más libre, justa y democrática. Y por más cliché que suene, la frase recoge tres valores fundamentales: libertad (donde realmente se pueda ser, pensar, investigar, dialogar sobre todos los temas, sin límites ni restricciones); justicia (una universidad abierta a todos los sectores socioeconómicos, con igual trato para todos y todas); y democracia (donde la comunidad tenga poder efectivo de decidir sobre su propio destino). Valores que si bien orientan la vida de nuestra casa de estudios, aún no han llegado a su máxima expresión. No niego que hayamos avanzado bastante, pero aun nos falta mucho por recorrer. No podemos detenernos y mucho menos retroceder.

Si queremos defender esta universidad, defendamos el camino que hemos construido, defendamos el ideal de autonomía. Si tenemos límites, luchemos por superarlos, jamás pensemos en acostumbrarnos a ellos. Y si para lograrlo, tenemos que romper las cadenas que aún nos oprimen, pues hagámoslo. Parece ser que la lucha por una universidad laica se hace cada vez más necesaria.


[1] http://textos.pucp.edu.pe/pdf/1032.pdf

[2] Porque realmente no nos ha fundado la Iglesia Católica

La consulta previa: confianza y diálogo

Por Q’inti

Finalmente la propuesta de Reglamento sobre la Ley del Derecho a la Consulta Previa  elaborada por la Comisión Multisectorial a cargo fue presentada a la Presidencia del Consejo de Ministros el 05 de marzo para su aprobación final. En esta Comisión además de los 18 ministerios han participado 6 organizaciones indígenas, aunque solo CONAP y CCP participaron de la etapa de consulta y acuerdos, ya que las otras 4 organizaciones indígenas nacionales entre las cuales se encuentra CONACAMI y AIDESEP decidieron retirarse porque consideran que antes de la reglamentación se debe modificar la actual Ley del Derecho a la Consulta[1].

Más allá de los argumentos políticos y técnicos que han esgrimido estas 4 organizaciones indígenas para tomar su decisión, con los cuales podemos estar o no de acuerdo, quisiera visibilizar algunos temas de fondo que juegan y jugarán un papel importante en estos procesos de diálogo donde la decisión final la toma la entidad del Estado que realiza la consulta[2]: la confianza en el Gobierno y el Estado y la promoción de una cultura de diálogo.

Es necesario subrayar que la Consulta en su aspecto sustantivo consiste en que los pueblos indígenas decidan sobre sus prioridades de desarrollo y que los procesos de consulta deben darse de buena fe con la finalidad de lograr acuerdos o el consentimiento, y ese es el objetivo a donde deben apuntar tanto el Estado como los pueblos indígenas.  Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo y obviar el peso que ocupan no sólo la carga histórica de discriminación y exclusión que han vivido los pueblos indígenas, sino también el contexto en que se desarrollarán estos procesos de consulta, el cual se caracteriza por la ausencia de una cultura de diálogo y la gran desconfianza de los ciudadanos/as hacia los gobiernos y el Estado. En este escenario es entendible que las exigencias de las organizaciones indígenas sobre la Ley y el reglamento se centraran en el tema del consentimiento no solo como finalidad sino también a nivel procedimental.

Es claro que el número de conflictos sociales y la forma en la que son atendidos no son solo el resultado de la falta de una cultura de diálogo, pero es un factor muy importante a tener en cuenta para la prevención y resolución de los mismos, y no esperar recurrir a esta práctica solo cuando el conflicto llega a escalas inmanejables. Si damos una mirada al último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, encontraremos que se han registrado 229 conflictos sociales entre activos y latentes, de los cuales más del 50% son de tipo ambienta, entre los cuales se encuentra el conocido caso Conga[3]. Como señala Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo, lo preocupante es que entre agosto del 2011 y febrero del presente año se han resuelto 14 conflictos pero han surgido 59 nuevos casos[4].

Por otro lado, si revisamos los resultados del Latinobarómetro del 2011 encontramos que el promedio de confianza en los gobiernos en América Latina es de 40%, el puntaje más alto es de 62%,  mientras que el de Perú es de 34%[5]. Así lo confirman las cifras presentadas por LAPOP en cuanto a confianza en las instituciones democráticas en nuestro país, donde el Gobierno Nacional, la Corte Suprema, el Presidente, y el Congreso ocupan los últimos lugares[6].

Y en cuanto a los índices de satisfacción respecto a los servicios que brinda el Estado (entre 0 y 11), el puntaje de Perú es de 3.9 mientras que el promedio de Latinoamérica es de 5.1 y el puntaje más alto es de 6.7[7]. De esta manera, es comprensible que en cuanto a satisfacción con la democracia,  el 61% de los peruanos/as  señale que está insatisfecho/a o muy insatisfecha/a  con la manera en que funciona la democracia en el Perú.[8] No cabe duda que la insatisfacción de los pueblos indígenas hacia la democracia pueda ser mucho mayor si tomamos en cuenta que son doblemente más pobres que la población no indígena. De acuerdo a los datos de Oxfam, el 77% de las comunidades que agrupan a la población indígena andina y amazónica están ubicadas en los departamentos más pobres del país[9].

Entonces, en este escenario de desconfianza por parte de las organizaciones indígenas que viene marcada con una carga histórica de discriminación y exclusión y por los conflictos que han caracterizado su relación con los gobiernos, se entiende la preocupación de los pueblos indígenas por buscar muchas más protecciones de las que se ofrece en el Convenio 169° y su lucha por centrar el debate en el tema del consentimiento a nivel procedimental.

¿Qué señales y acciones concretas darán el Gobierno y el Estado, y no solo el Viceministerio de Interculturalidad o el INDEPA, para generar escenarios de confianza que hagan de la consulta previa un proceso de buena fe con miras a lograr el acuerdo o el consentimiento?  ¿Qué acciones concretas tomará el actual gobierno en general para respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas estipulados en el Convenio 169º?


[1] Si bien La Ley del Derecho a la Consulta es  perfectible y se pueden realizar las modificaciones que se necesiten, considero que fue un error retirarse del proceso de diálogo. La Ley en general cumple con lo estipulado en el Convenio 169º y así lo confirma el informe del CEACR de la OIT cuando saluda con satisfacción la promulgación de la Ley que se dio en setiembre del año pasado. Aunque es vital que en materia de derechos indígenas se apunte a la aplicación de los instrumentos más avanzados como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ese avance debe darse de manera progresiva y ser más estratégico a nivel político, siempre tomando en cuenta la autonomía de las organizaciones indígenas  y por sobre todo el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

[2] Los 3 escenarios posibles luego de en un proceso de consulta son: lograr acuerdos, lograr acuerdos parciales (el Estado toma la decisión sobre lo no acordado), y no llegar a acuerdos (el Estado toma la última decisión).

[3] Ver Reporte de Conflictos Sociales Nº 96

[4] Castillo, María Elena.  “Mayoría de conflictos sociales son por problemas socioambientales”. La República. Lima, 14 de marzo.  (http://www.larepublica.pe/14-03-2012/mayoria-de-conflictos-sociales-son-por-problemas-socioambientales)

[5] Ver Informe Latinobarómetro 2011

[6] Carrión, Julio;  Zárate, Patricia; Seligson, Mitchell. “Cultura Política de la Democracia en Perú, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles”. Barómetro de las Américas. LAPOP. Pp.154

[7] Ver Informe Latinobarómetro 2011

[8] Ibíd.

[9] Norma Correa. Aportes para el gobierno Peruano 2011-2016.  Interculturalidad y Políticas Públicas: una agenda al 2016. Lima: CIES. pp23

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Porque no es autonomía si tú no decides: Pronunciamiento frente al ultimatum del Vaticano

autonomia

Durante los últimos años, la visión más retrógrada ha ido ganado cada vez mayores espacios de poder dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. En todas partes del mundo, han desterrado  los intentos progresistas de forjar una iglesia mas cercana a la gente y abierta al siglo XXI. Esta coyuntura no es ajena a nuestro país: ahora nos encontramos en un momento histórico en el que el Vaticano ha planteado un ultimátum hasta el 8 de abril, desconociendo la decisión tomada por el máximo órgano de nuestra casa de estudios que reunido el 23/09 del año pasado decidió rechazar todas las reformas a nuestro estatuto planteadas a través del Arzobispado de Lima. La universidad ya se manifestó; sin embargo, la Iglesia sigue en su afán de controlar y manipular las negociaciones para su beneficio, pretensiones que -vale la pena recordar- tienen larga data.

Ante esto, Acción Critica se reafirma: nuestra lucha sigue siendo por una autonomía que va más allá de la elección del rector y la administración de nuestros bienes; una que asegure la libertad académica y la pluralidad en su conjunto, que fomente la generación de conocimiento crítico así como la profundización de la democracia y la participación plena de la Comunidad Universitaria en las decisiones sobre su propio destino. En ese sentido, si bien respaldamos el consenso existente en la última Asamblea Universitaria de seguir rechazando todas las reformas planteadas y de dialogar con las instancias competentes de la Iglesia, lamentamos que ambos hechos no hayan sido tan contundentes como la situación lo amerita.

Es contradictorio establecer un diálogo sin antes denunciar y repudiar la imposición de una de las partes; así como ingenuo ignorar la posibilidad de ruptura con la institución eclesiástica si se mantiene en exigir estas condiciones. Asimismo cuestionamos la decisión de excluir a los estudiantes de las negociaciones que se entablen, restando legitimidad a dicho proceso. Resulta desatinado, pues, defender la autonomía sin asegurar que esta sea de todos y todas, no solo de las autoridades. Por ello, instamos a los y las asambleístas a respaldar la propuesta democratizadora que los y las estudiantes levantaremos el 16 de marzo bajo la consigna de lograr una participación equitativa en la elección de nuestros decanos para beneficio de la Comunidad Universitaria.

Exhortamos a las y los estudiantes, profesores y trabajadores a mantenernos alertas. Es hora que nuestras posiciones y discursos se conviertan en acción: no podemos ser indiferentes. Hacemos un llamado a que todos y todas asumamos el principio de autonomía y reafirmemos nuestro espíritu democrático de autogobierno, apoyando las legítimas demandas del sector estudiantil. Rechacemos el modelo que sectores conservadores buscan implantar a través de falacias legalistas, no nos dejemos engañar: ni tutelaje político ni control económico; nuestro nombre y patrimonio, así como nuestros estatutos se encuentran protegidos por la legislación peruana. Es potestad nuestra construir una universidad verdaderamente democrática, autónoma y abierta a todos los sectores socioeconómicos. El futuro de la PUCP está en nuestras manos.

¡POR UNA UNIVERSIDAD LIBRE, JUSTA Y AUTÓNOMA!

¡PORQUE NO ES AUTONOMÍA SI TÚ NO DECIDES!

La pobreza del debate de ideas

Por Omar Cavero
Militante de Acción Crítica

Tomado de Noticias SER (22/02/12): http://www.noticiasser.pe/22/02/2012/opinion/la-pobreza-del-debate-de-ideas?nocache=1#comment-46859

Estas notas quizás sean tomadas como un gasto de letra innecesario por no estar ligado a la coyuntura política ni decir algo propiamente nuevo. Acaso sean tomadas como los comentarios que alguien escucharía de un profesor antipático, o de un amigo que siempre cayó mal por dárselas de intelectual en medio de las conversaciones triviales, cuando es momento de desbordar emociones, insultar al aire y liberarse un poco de rigideces mentales.

A modo de réplica anticipada, acá presento el quid del asunto y mis francas intenciones: para procesar ese mar de opiniones, de desbordante (no necesariamente fecunda) creatividad, de audacia narrativa y de críticas contundentes y otras que no lo son tanto -aunque lo intentaron-, debemos de estar prevenidos de no caer en errores tan comunes que quizá se hayan vuelto ya en una norma y que podrían dar cuenta de una sensación bastante extendida (ustedes confirmarán esto, al fin y al cabo las sensaciones son pantanosas) de que el debate de ideas es, actualmente, y no solo aquí en el Perú, tristemente pobre.

Como soy idealista y asumo que ustedes también lo son (simple fe), y como soy terco, además; señalo algunas de esas taras sin afán de exhaustividad y con la esperanza de formar con ustedes siquiera una logia minoritaria de lectores avisados y polemistas más o menos preocupados por las leyes esenciales de la lógica, de quienes espero que también me enrostren, inclementes, cualquier barrabasada cometida.

Comencemos.

1. Alguien tiene entre sus manos un libro amarillento, de los años de 1960 o, para ser más gráficos, una reedición de un libro que originalmente fue publicado hacia fines del siglo XIX. Lee con atención. Se cruza de pronto con alguien que le aconseja, casi compasivo, aunque no por eso con aire menos triunfal: actualízate, esas teorías son pasadas, el mundo ha cambiado, hay mucho que se ha escrito últimamente. El lector inocente deja el libro que hablaba de clases sociales –ese lector estaba preocupado por las desigualdades-, que hablaba de marginalidad social, y toma otro, que tiene un estilo más atractivo, que es más comentado, que habla de pobreza y no de clases, que no habla de marginalidad sino de informalidad, y lo lee con avidez. Siente que ahora sí lee algo válido. Suspira.

La pregunta de fondo es: ¿algo es más válido sólo por el hecho de ser escrito recientemente? Si la respuesta es afirmativa, con total seguridad se podría afirmar que cualquier estupidez dicha ahora es superior a cualquier genialidad escrita antes. Pasa también lo inverso: no todo los libros amarillentos son superiores, por antiguos, a los de hojas recién impresas.

La validez de los argumentos recae en la rigurosidad de sus planteamientos y en su confirmación empírica a partir de un enfoque adecuado a sus premisas. Entre el pasado y el presente hay muchos debates olvidados, muchas batallas políticas ganadas o perdidas y asociadas a esos debates, muchos planteamientos no continuados. Aldo Mariátegui no es superior a José Carlos Mariátegui porque haya escrito en las últimas semanas.

2. Ahora nuestro hipotético lector, sensible a cuanta opinión cruce sus oídos, está viendo la televisión. Después de los comerciales, conductores bien peinados y presumiblemente también perfumados presentan al panelista de la noche. Resaltan su formación académica y su experiencia. Tres títulos universitarios, por lo menos. Uno de ellos en Estados Unidos. Es doctor. Tiene varios años trabajando en el diseño de políticas públicas y compartiendo sus conocimientos en conferencias por todo el globo. No importa lo que finalmente dice tras ser consultado por temas de gran interés nacional relacionados al Estado. Ya le creyeron. Ya le creímos. En Lógica le llaman la falacia ad vercundiam, donde le atribuimos validez inmediata a lo dicho por una persona que consideramos autorizada solo por esa autoridad atribuida y no porque analicemos sus argumentos.

Y sucede igual si admiramos una civilización y sus espacios más prestigiosos de generación de conocimiento, como Occidente y sus universidades, y sus revistas especializadas, y sus acreditaciones institucionales. Si un peruano es publicado por una de esas universidades, caramba, debe ser bueno. Es reconocido. Podríamos incluso decir: es aceptado, fue incluido. Prueba suficiente.

3. Nos encontramos, en seguida, un texto en un periódico o en un blog. Es corto. Queda desarrollada con claridad una posición política: se sabe qué critica, por qué y qué considera prioridades. Invita, explícita o implícitamente, a la acción. El lector sensible casi ha sido convencido por el texto cuando alguien toca su hombro y le dice, de forma más compasiva que la primera vez: ¿y qué propone quien escribió eso?, es fácil criticar, cualquiera puede hacerlo, no pierdas tu tiempo. Y nuestro sensible amigo se sume en la desolación.

Es más, su decepción es total cuando aquel que le tocaba el hombro remata: además, no apoya con fuentes bibliográficas lo que afirma, no recoge la posición contraria a la suya, no sabemos con claridad qué enfoque teórico utiliza y no tiene un estilo nuevo al escribir. Cierto, ¿no? Se dice para sí el influenciable personaje. Y nunca se planteó la pregunta sobre cuál era el género y la razón de ser del texto.

Si era un artículo de opinión política no cabía esperar un contraste imparcial y académico entre posiciones adversas. Si no era un trabajo académico no cabía echarle en cara la falta de explicaciones científicas a la situación que critica. Si era una crítica, la ausencia de propuesta no mellaría en absoluto la validez de sus proposiciones. Si es un texto que en tanto tal vale por lo que dice y no aspira ni se encuentra en un espacio de expresión literaria que busque el goce estético antes que los argumentos, entonces no cabría, tampoco, criticarle no haber entrado al club de articulistas irreverentes.

4.Finalmente, ya un poco más maduro y menos influenciable y sensible a todas las opiniones del universo, nuestro protagonista eventual decide debatir. Escribe en polémica con una persona que no conoce más que por sus publicaciones en blogs, facebook, periódicos y demás registros. Está bien, también libros. Avisado por sus anteriores decepciones, presenta una argumentación en la que cita autores actuales, muestra números (que tienen poco que ver con el enfoque teórico que usa, pero que son números a fin de cuentas), resalta expresiones de investigadores prestigiosos de apellidos occidentales, se desvive buscando una voz narrativa con un estilo propio, abunda de metáforas y analogías sus expresiones y se enfrenta a una caricatura de su contrincante que poco tiene que ver con sus planteamientos, pero que le es útil, que le queda perfecto como un saco recién mandado a hacer con las medidas precisas.

Se siente victorioso. Incluso, en el desarrollo de ese debate averiguó sobre la biografía de ese contrincante a la distancia y trató de hacer de su psicólogo, pero traicionando el compromiso de guardar el secreto de la terapia: vinculó su personalidad con sus argumentos y dio la estocada final.

Finalmente, como defendió la posición intelectual mejor ubicada en ese momento entre los líderes de opinión, ahora es apreciado, invitado a discutir sobre importantes temas, elogiado por la seriedad de sus ideas y sus maneras, felicitado por la creatividad de su lenguaje. En síntesis: fortaleció sus errores, se acomodó al bando adecuado, discutió con caricaturas, no con argumentos, y tampoco –parece que pasó desapercibido esto- definió los alcances de sus textos: no se sabe si desarrollaban una posición política, si ensayaban una explicación académica, si jugueteaban con las palabras en un ejercicio de plena libertad poética vanguardista, si planteaban una crítica, si desarrollaban una propuesta, o si eran todo eso a la vez.

Esto ya no es mostrar un error, pero ya que llegamos hasta aquí, también agrego esta reflexión a modo de hipótesis: probablemente el mercado haya invadido como nunca antes los fueros del pensamiento y de su expresión argumentada, pues importa ahora vender productos en función de las expectativas de los consumidores; marketear marcas con falacias conocidas desde los griegos porque el criterio de éxito es el consumo posterior; evaluar por peso y por acreditaciones institucionales las ideas y no por su coherencia, rigurosidad y relevancia; y, por último (aunque intuyo que podría seguir), guiar por modas el discurrir de las ideas y transitar por todos los enfoques o juntarlos todos a la vez siempre que garanticen un mercado, un nombre, un prestigio, un valor de marca; a fin de cuentas, el autor-empresa, debe vender sus productos.

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Lima debería hacer suyas las demandas de la Marcha Nacional del Agua: dos argumentos

Por Omar Cavero

La ciudad de Lima debería apoyar masivamente la marcha nacional del agua. Y no debería hacerlo solo en solidaridad con la población de Cajamarca que se opone al proyecto minero Conga. Es una razón importante, sí, pero esta vez no setrata solo de una movilización de solidaridad. Permítaseme presentar dos argumentos simples.

Argumento 1: Una cuestión de supervivencia.

Lima, la ciudad más poblada del Perú, que alberga, según el último censo, a 8’445,211 de peruanos/as; vale decir, al 30,8% de la población total del país (INEI, 2007); ha crecido sobre una zona desértica. Esto ya parece cliché, pero conviene recordarlo. Sólo hay dos capitales en el mundo que comparten esta característica: la otra es el Cairo.

Y bueno, ¿de dónde proviene el agua dulce que llega a Lima? Ésta proviene sobre todo de los deshielos de las cumbres nevadas andinas que en su recorrido forman cuencas y micro-cuencas que desembocan en el río Rímac. Lamentablemente, el 98.2% de tales deshielos desemboca en el Atlántico y a nuestra Costa sólo llega del 1,8% (INEI: Anuario de estadísticas ambientales, 2011).

Si el dato anterior ya nos debería exigir poner atención a este tema, sumemos otro dato relevante: según investigaciones relacionadas a la tesis del calentamiento global que ha compilado el periodista y documentalista alemán Claus Kleber, de la cadena televisiva ZDF, Lima será la primera ciudad del mundo en enfrentar una seria escasez de agua debido al deshielo de los glaciares de nuestra cordillera que obligará a nuestra ciudad a quedar deshabitada.

¿Cuándo sucedería? Bueno, los problemas de abastecimiento ya se sienten, pero llegaremos al límite, de acuerdo a los pronósticos, entre el 2030 y el 2050 (“Lima está condenada a quedarse sin agua”, RPP, 11/11).

Hasta aquí, cabe preguntarse: ¿deberían importarle a Lima y, en general, a las ciudades de la Costa, las protecciones legales a las cuencas y micro-cuencas que alimentan los principales ríos que atraviesan nuestra árida franja costera? Por supuesto. ¿Y cuáles son estas protecciones? Pues bien: las protecciones son mínimas. Teniendo una catástrofe ambiental a la vista no se han declarado intangibles las cabeceras de nuestro tendido hídrico natural. Pueden ser, y son, contaminadas por desechos generados por actividades económicas de diverso tipo.

En Conga se quiere secar dos lagunas para extraer oro pero éste no es en absoluto un caso aislado. Recordemos la protesta de los comuneros de Huambo, en Ancash, que lograron impedir que se concesione una zona de la laguna de Conocoha, que alimenta el Valle del Santa. Recordemos también las demandas del sur de Puno: algunas de ellas exigían que los lotes petroleros 155 y 156 que se superpondrían al lago Titicaca sean anulados. Del mismo modo, la minería informal en el norte de Puno y en Madre Dios, por poner dos casos, ha generado una grave contaminación. Y podríamos seguir con la enumeración de casos.

¿Es aceptable esta desprotección legal? ¿Es admisible que, además, no haya un ordenamiento territorial nacional que permita que sepamos dónde puede haber tal o cual actividad económica? ¿Tiene sentido que los medios de prensa dominados por los sectores de poder económico que manejan de facto el país, pretendan hacer invisible esta marcha y además hacerle creer a los/as limeños/as que la minería debe darse a toda costa, así implique sacrificar el agua, porque “si no se va la inversión”? Bueno, ¿sin agua a dónde nos iremos nosotros/as?

Argumento 2: El acceso al agua es una cuestión de justicia elemental

Ahora bien, asumamos que se protejan los principales afluentes de agua que alimentan la Costa, que haya un ordenamiento territorial serio técnicamente y participativo, que, a fin de cuentas, se logre poner un poco de moderación a esta afiebrada política de concesiones que reparte en pedazos el país. Asumamos eso. Preguntémonos ahora: ¿Cómo distribuimos el agua que tenemos ahora?

Pensemos en Lima. En nuestra capital, la ciudad-desierto, la sobrepoblada, la que ha crecido precipitadamente, sólo 85,4% de los/as limeños/as tiene acceso a la red pública de agua potable dentro de su vivienda y 4,7% se ven obligados/as a comprar agua de camiones cisternas, que es más cara y de condiciones de salubridad pésimas.

¿Y esa agua escasa, en el eventual que el tendido de cañerías abarque, por fin, toda la ciudad, cómo sería distribuida? Si las cosas siguen como ahora la cuestión es clara: el mecanismo sería el mercado. En palabras sencillas: si tienes dinero para pagar puedes usar el agua que desees.

Pero ni las cuencas han sido protegidas, ni se ha frenado las desmesura del trazado de concesiones en todo el territorio, ni en Lima se ha logrado dar acceso al agua a toda la población; y aún en estas condiciones, si entramos a Google Earth y observamos desde el arriba a San Isidro, La Molina, Miraflores y otros distritos donde se concentran los sectores más pudientes de la ciudad, veremos grandes y azules piscinas, y frondosos jardines regados con varios litros semanales de agua. Oferta y demanda, dirían los dueños de tales casas, mientras se remojan en sus piscinas, con un traguito en la mano.

Este viernes 10 de febrero, todos a las calles.
Punto de encuentro: Plaza Dos de Mayo.
2pm.

El problema del agua en Lima es, pues, no sólo un problema de acceso. Hay una profunda injusticia detrás de la distribución actual del agua y vivimos en una dejadez interesada en materia de protección ambiental que, en el mediano plazo, hará que la vida en nuestra ciudad sea insostenible.

Apoyar la Marcha nacional del agua no es una cuestión de solidaridad solamente, no es sumarse a las demandas rurales por altruismo, no es una posición ideológica: es puro, simple y esencial instinto de supervivencia, y una exigencia de justicia básica en una ciudad como la nuestra; a menos que, como sucede con los actuales medios de prensa de masas, creamos que el problema del agua en Lima se limita a no jugar carnavales y cerrar el caño bien fuerte para que no gotee.

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Perú: país democrático

Por Omar Cavero

El presidente Humala se pasea por España diciendo, orgulloso, que no es de izquierda ni de derecha, que es “de abajo”. Si se le vuelve a preguntar qué significa eso responderá dos cosas, con toda seguridad: soy el presidente de todos los peruanos y el gobierno busca crecimiento con inclusión social.

Aquellos dos estribillos que se prestan para acompañar acciones y discursos de lo más disímiles, son en la práctica una forma de esconder una abierta claudicación a las promesas electorales que hizo el Ollanta Humala candidato, una traición más a las expectativas populares que quieren verdaderos cambios. “Tienen mi palabra”, decía.

Los que gobiernan el Perú

Basta con ver cómo los poderes de facto que conforman la alianza construida por el Fujimorismo en los noventa son los que dictan las acciones del mandatario.

Esa alianza que es la que verdaderamente gobierna el Perú, está más allá de la derecha política. No busquemos sólo a PPK o a la familia Fujimori para identificarla. Su poder no proviene de los votos.

Está conformada por empresas multinacionales interesadas en la actividad extractiva, en la exportación y en algunos servicios en los que quieren mantener su presencia oligopólica; por los grupos de poder económico nacionales vinculados a estos sectores y los dueños de los medios de comunicación más grandes; por los sectores más conservadores de la elite criolla limeña, que mantienen sus prácticas oligárquicas de moverse en un exclusivo círculo parental cuyo núcleo son los apellidos de la vieja aristocracia.

Y están en ellas, finalmente, sus operadores dentro y fuera del Estado: la red de corrupción montesinista y aprista, mucho más extensa de lo que se cree, y funcionarios clave en organismos financieros transnacionales y en los espacios que congregan a los dueños de los grandes capitales del mundo.

Un Perú a la medida, y el único posible

Ellos fueron los impulsores y los más grandes beneficiados con el ajuste estructural y la radical transformación institucional que adecuó el Estado a dos prioridades centrales: estabilidad económica y atracción de inversiones. Cambiaron la Constitución, crearon nuevas leyes y reglamentos, reestructuraron ministerios y mediante una dictadura pretendieron monopolizar la política y la opinión pública. Refundaron el Estado. Lo capturaron.

El paso a la democracia electoral no cambió lo sustancial de esta arquitectura. Basta con notar, por ejemplo, que nuestro crecimiento macroeconómico -que no es otra cosa que el aumento del PBI; vale decir, del valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un año dado: un indicador de los logros del empresariado; no es un indicador de distribución de la riqueza, servicios públicos, nutrición, etc- está amarrado en un alto grado al aumento de las utilidades provenientes de la actividad minera y de hidrocarburos. Ese sector es el más fuerte en la citada alianza. La entrega de concesiones, por ejemplo, ha aumentado de manera vertiginosa desde 1990 hasta el día de hoy y en términos ambientales está regulado muy pobremente –lo que dicen los Estudios de Impacto Ambiental no es comprobado por el Estado, las Declaraciones de Impacto Ambiental tienen aprobación automática, no han sido declaradas intangibles las cabeceras de cuenca, no hay ni siquiera un ordenamiento territorial para saber dónde se puede y dónde no hacer tal o cual actividad económica, etc.-. No olvidemos: “la prioridad es atraer inversiones”.

Y ese sector, que emplea muy poca población (entre el 1% y 2% según el INEI) y que genera más conflictos sociales que cualquier otro (56.5% son de tipo socioambiental según la Defensoría del Pueblo en su último informe, casi en su totalidad asociados a la actividad extractiva) es presentado por la elite política y económica, por los medios de comunicación y los líderes de opinión que tienen tribuna en ellos, como el eje del desarrollo del Perú, nuestra única ruta hacia el progreso, la única posibilidad de éxito que tiene un “país minero”. No importa que ese auge dependa de precios internacionales sobre los que no tenemos ninguna injerencia, ni que se trate de la exportación de recursos no renovables. Habrían dicho lo mismo del guano a mediados del siglo XIX, y ya conocemos la historia.

Incluso, para ellos, es no menos que una herejía, un acto de anacronismo, una clara muestra de una mente ideologizada el solo hecho de discutir si debe haber cambios en la Constitución, si el modelo económico que tenemos es el mejor, si debe haber una mejor legislación laboral, etc. No aceptan que ellos tienen también una ideología, que es la del libre mercado y el conservadurismo político. Hasta los coherentemente liberales pueden ser acusados de caviares.

Los eufemismos

Ya ganada la guerra, con un Estado con instituciones hechas a la medida de sus intereses, ahora claman: hay que fortalecer las instituciones, hay que respetar el Estado de derecho, hay que cumplir las leyes.

Ya habiendo expulsado y perseguido toda voz disidente, ya habiendo anulado toda discusión política, le han puesto nuevos nombres a las cosas. Han creado los eufemismos perfectos, y en ello cierto sector de la academia peruana los ha avalado, queriéndolo o no, y en él han encontrado a sus analistas preferidos.

Cuando un candidato viola sus promesas electorales, no está traicionando a nadie: está siendo pragmático. Cuando los trabajadores tienen jornadas de doce o catorce horas, y trabajan en situación precaria: son emprendedores, casi héroes, un ejemplo a seguir. Son los Tigres de Nextel, Gastón Acurio los elogia.

Cuando los derechos laborales se recortan, se pierde estabilidad laboral y se mantienen los sueldos por debajo del costo de vida: se está promoviendo las inversiones, se está flexibilizando el mercado de trabajo, se está promoviendo la formalización.

Si la gente protesta no lo hace porque tienen demandas insatisfechas, no es eso indicador de descontento. No. “Es manipulación”. Hay agitadores extranjeros, dirán. No importa si dirigen sus quejas al Estado, que es parte y eje del sistema político. No. “Son anti-sistemas”. Se necesita mano dura y mejor trabajo de inteligencia policial, reclaman.

A su monopolio de los medios de comunicación de masas, le llaman libertad de prensa.

A esta farsa la llaman democracia.

Humala: el pragmático

Ollanta Humala criticó esa visión. Se paseó por el Perú diciendo que la voluntad de los pueblos es lo primero. Dijo que no era admisible que se pusiera en riesgo la agricultura y el agua para hacer un hueco y sacar minerales. Dijo que el Perú conocía esa historia desde la Colonia. Dijo que era necesario refundar el país, hacer que la democracia deje de ser solo un procedimiento electoral obligado, que por fin los peruanos gobernarían su destino.

Dijo en Cajamarca que no permitiría que una minera seque una laguna para sacar oro. Dijo, en fin, que no podía seguirse con la misma visión, ni el mismo modelo, ni las mismas prácticas.

Le creyeron.

Ganó las elecciones con el voto de la población que carga con el peso de este modelo económico y político, la que tiene peores sueldos, la que es desplazada por la minería o el petróleo, la que cada vez tiene menos acceso a la tierra, la que engrosa la cifra de muertos producto de la represión a la protesta social, la que no es anti-sistema sino que quiere que la democracia funcione, la que se animó a votar de nuevo y se dijo para sí: por fin. La que exige respeto.

Pero Humala es más de lo mismo. Fue pragmático –dirían serísimos analistas-, se acomodó al poder de facto. No, perdón. “Está pensando en la gobernabilidad”.

Los intereses de esa alianza de poderes fácticos que ha capturado el Perú no han sido tocados fundamentalmente. Aquellos que orquestaron una de las más groseras contra-campañas de nuestra historia para evitar que sea presidente, ahora lo felicitan. Raúl Vargas saluda su madurez todas las mañanas en la radio. Vargas Llosa lo califica como un ejemplo de una izquierda de este tiempo en sus columnas.

Ya lo vemos. Conga sí va, pero haremos un peritaje técnico, dice, así como Toledo cuando decía que negociaba un TLC con Estados Unidos que firmaríamos “sí o sí”. No importa lo que diga el peritaje, igual el proyecto se hace.

El agua es prioridad, repite, pero recuerda que el gobierno quiere dar señales de confianza al empresariado y así se demuestre que el agua está en riesgo en Cajamarca y en otras regiones gracias a la actividad minera, esas inversiones se ejecutarán, porque “hay que respetar los compromisos”.

Este es un gobierno de la concertación, afirma, pero echa, luego de un largo ninguneo, a todas las voces progresistas del Ejecutivo y pone como primer ministro a alguien vinculado al fujimorismo y que cree que el Perú es un cuartel donde no hay diálogo sino órdenes.

En los hechos el gobierno decepciona a quienes creían que efectivamente se iniciaría una Gran Transformación. Pero tenemos una Gran Continuidad, un Gran Transformismo, como dice César Hildebrandt. No transformó el país, se transformó él. La prioridad del Estado sigue siendo mantener tranquilos a los inversionistas. La democracia se ha reducido a una gran burla: el pueblo solo elige a los administradores, pero las decisiones las toman otros. Parecemos una patria de menores de edad.

Me decía hace poco una ferviente seguidora de Keiko Fujimori: yo no sé por qué el Perú es así, pierde mi candidata pero el que gana hace todo lo que mi candidata proponía.

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