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La consulta previa: confianza y diálogo

Publicado: 2012-03-21

Por Q'inti

Finalmente la propuesta de Reglamento sobre la Ley del Derecho a la Consulta Previa  elaborada por la Comisión Multisectorial a cargo fue presentada a la Presidencia del Consejo de Ministros el 05 de marzo para su aprobación final. En esta Comisión además de los 18 ministerios han participado 6 organizaciones indígenas, aunque solo CONAP y CCP participaron de la etapa de consulta y acuerdos, ya que las otras 4 organizaciones indígenas nacionales entre las cuales se encuentra CONACAMI y AIDESEP decidieron retirarse porque consideran que antes de la reglamentación se debe modificar la actual Ley del Derecho a la Consulta[1].

Más allá de los argumentos políticos y técnicos que han esgrimido estas 4 organizaciones indígenas para tomar su decisión, con los cuales podemos estar o no de acuerdo, quisiera visibilizar algunos temas de fondo que juegan y jugarán un papel importante en estos procesos de diálogo donde la decisión final la toma la entidad del Estado que realiza la consulta[2]: la confianza en el Gobierno y el Estado y la promoción de una cultura de diálogo.

Es necesario subrayar que la Consulta en su aspecto sustantivo consiste en que los pueblos indígenas decidan sobre sus prioridades de desarrollo y que los procesos de consulta deben darse de buena fe con la finalidad de lograr acuerdos o el consentimiento, y ese es el objetivo a donde deben apuntar tanto el Estado como los pueblos indígenas.  Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo y obviar el peso que ocupan no sólo la carga histórica de discriminación y exclusión que han vivido los pueblos indígenas, sino también el contexto en que se desarrollarán estos procesos de consulta, el cual se caracteriza por la ausencia de una cultura de diálogo y la gran desconfianza de los ciudadanos/as hacia los gobiernos y el Estado. En este escenario es entendible que las exigencias de las organizaciones indígenas sobre la Ley y el reglamento se centraran en el tema del consentimiento no solo como finalidad sino también a nivel procedimental.

Es claro que el número de conflictos sociales y la forma en la que son atendidos no son solo el resultado de la falta de una cultura de diálogo, pero es un factor muy importante a tener en cuenta para la prevención y resolución de los mismos, y no esperar recurrir a esta práctica solo cuando el conflicto llega a escalas inmanejables. Si damos una mirada al último reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, encontraremos que se han registrado 229 conflictos sociales entre activos y latentes, de los cuales más del 50% son de tipo ambienta, entre los cuales se encuentra el conocido caso Conga[3]. Como señala Rolando Luque de la Defensoría del Pueblo, lo preocupante es que entre agosto del 2011 y febrero del presente año se han resuelto 14 conflictos pero han surgido 59 nuevos casos[4].

Por otro lado, si revisamos los resultados del Latinobarómetro del 2011 encontramos que el promedio de confianza en los gobiernos en América Latina es de 40%, el puntaje más alto es de 62%,  mientras que el de Perú es de 34%[5]. Así lo confirman las cifras presentadas por LAPOP en cuanto a confianza en las instituciones democráticas en nuestro país, donde el Gobierno Nacional, la Corte Suprema, el Presidente, y el Congreso ocupan los últimos lugares[6].

Y en cuanto a los índices de satisfacción respecto a los servicios que brinda el Estado (entre 0 y 11), el puntaje de Perú es de 3.9 mientras que el promedio de Latinoamérica es de 5.1 y el puntaje más alto es de 6.7[7]. De esta manera, es comprensible que en cuanto a satisfacción con la democracia,  el 61% de los peruanos/as  señale que está insatisfecho/a o muy insatisfecha/a  con la manera en que funciona la democracia en el Perú.[8] No cabe duda que la insatisfacción de los pueblos indígenas hacia la democracia pueda ser mucho mayor si tomamos en cuenta que son doblemente más pobres que la población no indígena. De acuerdo a los datos de Oxfam, el 77% de las comunidades que agrupan a la población indígena andina y amazónica están ubicadas en los departamentos más pobres del país[9].

Entonces, en este escenario de desconfianza por parte de las organizaciones indígenas que viene marcada con una carga histórica de discriminación y exclusión y por los conflictos que han caracterizado su relación con los gobiernos, se entiende la preocupación de los pueblos indígenas por buscar muchas más protecciones de las que se ofrece en el Convenio 169° y su lucha por centrar el debate en el tema del consentimiento a nivel procedimental.

¿Qué señales y acciones concretas darán el Gobierno y el Estado, y no solo el Viceministerio de Interculturalidad o el INDEPA, para generar escenarios de confianza que hagan de la consulta previa un proceso de buena fe con miras a lograr el acuerdo o el consentimiento?  ¿Qué acciones concretas tomará el actual gobierno en general para respetar y garantizar los derechos de los pueblos indígenas estipulados en el Convenio 169º?

[1] Si bien La Ley del Derecho a la Consulta es  perfectible y se pueden realizar las modificaciones que se necesiten, considero que fue un error retirarse del proceso de diálogo. La Ley en general cumple con lo estipulado en el Convenio 169º y así lo confirma el informe del CEACR de la OIT cuando saluda con satisfacción la promulgación de la Ley que se dio en setiembre del año pasado. Aunque es vital que en materia de derechos indígenas se apunte a la aplicación de los instrumentos más avanzados como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, ese avance debe darse de manera progresiva y ser más estratégico a nivel político, siempre tomando en cuenta la autonomía de las organizaciones indígenas  y por sobre todo el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.

[2] Los 3 escenarios posibles luego de en un proceso de consulta son: lograr acuerdos, lograr acuerdos parciales (el Estado toma la decisión sobre lo no acordado), y no llegar a acuerdos (el Estado toma la última decisión).

[3] Ver Reporte de Conflictos Sociales Nº 96

[4] Castillo, María Elena.  “Mayoría de conflictos sociales son por problemas socioambientales”. La República. Lima, 14 de marzo.  (http://www.larepublica.pe/14-03-2012/mayoria-de-conflictos-sociales-son-por-problemas-socioambientales)

[5] Ver Informe Latinobarómetro 2011

[6] Carrión, Julio;  Zárate, Patricia; Seligson, Mitchell. “Cultura Política de la Democracia en Perú, 2010. Consolidación democrática en las Américas en tiempos difíciles”. Barómetro de las Américas. LAPOP. Pp.154

[7] Ver Informe Latinobarómetro 2011

[8] Ibíd.

[9] Norma Correa. Aportes para el gobierno Peruano 2011-2016.  Interculturalidad y Políticas Públicas: una agenda al 2016. Lima: CIES. pp23


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Acción Crítica

Acción Crítica es una organización política formada en el 2007 por alumnos de la PUCP y hoy día agrupamos a estudiantes de distintas universidades (PUCP, UARM, UNFV) y egresados de las mismas. AC está conformada por jóvenes que compartimos la necesidad de orga


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